El actual Gobierno socialista (PSOE) prometió frenar la nueva Ley de Libertad Religiosa si la Iglesia Católico Romana (ICR) se comprometía a parar la actitud beligerante hacia el ejecutivo. Analicemos los hechos.
El Papa llega a España el 6 de noviembre de 2010 y en el mismo avión critica el país y la actitud del gobierno. Denuncia el secularismo agresivo y compara la actual situación con la de la España de la República. Las reacciones del gobierno no se hacen esperar y el actual candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que el Papa no pasará a los anales de la historia por sus dotes de diplomacia.
Benedicto XVI de esta manera apoyaba al ala más dura de la Conferencia Episcopal Española, que ve en el gobierno socialista de Zapatero el mayor peligro para la Iglesia Católica desde la II República. ¿Quién asesoraba al Papa, para que pronunciara un juicio tan duro contra el actual gobierno?
Los rumores de que una nueva Ley de Libertad Religiosa en la primavera del 2010, había puesto nerviosos a muchos miembros de la jerarquía católica. Cuando el 13 de junio el periódico El País adelantaba algunos punto de la ley, que pretendía separar de los actos públicos a la Iglesia Católica.
El día 10 de noviembre, el presidente Zapatero declaraba: La Ley de Libertad Religiosa es conveniente, no urgente. ¿Qué sucedió en los cuatro días que hay entre las declaraciones del Papa y las del presidente de gobierno?
Jáuregui, el portavoz del gobierno, ya había anunciado que la Ley probablemente no se llevaría adelante. Tal vez intentando calmar un discurso del Papa, del que ya había sido advertido por alguien, que sería muy crítico para el gobierno. No olvidemos que la Iglesia Católica ha organizado varias manifestaciones contra el gobierno.
El presidente Zapatero anunció que no recibiría al Papa el 6 de noviembre, después especificó que era por problemas de agenda, pero antes de que el Papa se marchase, el 9 de noviembre, Zapatero se entrevistó con Benedicto XVI.
Nunca ha transcendido los acuerdos a los que se llegaron, pero si alguna de las consecuencias: Paralización de la Ley de Libertad Religiosa y apoyo incondicional al encuentro de la Juventud JMJ de agosto de este mes por parte del gobierno.
Lo más sorprendente son las declaraciones de Jáuregui, pocos días antes de la llegada del Papa, en las que le advierte que debe ser moderado: "Es muy libre de poder decir lo que quiera, pero yo creo que el marco de relaciones que se ha establecido por parte de la Iglesia Católica Española y de la Conferencia Episcopal con el Gobierno en este evento no haría nada aconsejable ni sería nada oportuno que el Papa tuviera que decir algo sobre España ".
¿Cuál es ese marco de relaciones con la Conferencia Episcopal?
No he podido encontrar ninguna declaración oficial o condena a las declaraciones de Jáuregui por parte de la Iglesia Católica, los únicos que han salido en defensa del Papa han sido los políticos del PP.
El pasado viernes 12 Jáuregui se reunía con el nuncio del Papa en España y la reforma de la Ley de Libertad Religiosa tendrá que esperar un decenio más, ya que el PP, mayoritariamente católico y más que probable candidato a gobernar España, no quitará ni uno de los privilegios de la Iglesia Católica.
Ante esto quedan dos opciones, sentarse y esperar o levantarse y quejarse. ¿Qué harán las confesiones y religiones minoritarias?
El Papa llega a España el 6 de noviembre de 2010 y en el mismo avión critica el país y la actitud del gobierno. Denuncia el secularismo agresivo y compara la actual situación con la de la España de la República. Las reacciones del gobierno no se hacen esperar y el actual candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que el Papa no pasará a los anales de la historia por sus dotes de diplomacia.
Benedicto XVI de esta manera apoyaba al ala más dura de la Conferencia Episcopal Española, que ve en el gobierno socialista de Zapatero el mayor peligro para la Iglesia Católica desde la II República. ¿Quién asesoraba al Papa, para que pronunciara un juicio tan duro contra el actual gobierno?
Los rumores de que una nueva Ley de Libertad Religiosa en la primavera del 2010, había puesto nerviosos a muchos miembros de la jerarquía católica. Cuando el 13 de junio el periódico El País adelantaba algunos punto de la ley, que pretendía separar de los actos públicos a la Iglesia Católica.
El día 10 de noviembre, el presidente Zapatero declaraba: La Ley de Libertad Religiosa es conveniente, no urgente. ¿Qué sucedió en los cuatro días que hay entre las declaraciones del Papa y las del presidente de gobierno?
Jáuregui, el portavoz del gobierno, ya había anunciado que la Ley probablemente no se llevaría adelante. Tal vez intentando calmar un discurso del Papa, del que ya había sido advertido por alguien, que sería muy crítico para el gobierno. No olvidemos que la Iglesia Católica ha organizado varias manifestaciones contra el gobierno.
El presidente Zapatero anunció que no recibiría al Papa el 6 de noviembre, después especificó que era por problemas de agenda, pero antes de que el Papa se marchase, el 9 de noviembre, Zapatero se entrevistó con Benedicto XVI.
Nunca ha transcendido los acuerdos a los que se llegaron, pero si alguna de las consecuencias: Paralización de la Ley de Libertad Religiosa y apoyo incondicional al encuentro de la Juventud JMJ de agosto de este mes por parte del gobierno.
Lo más sorprendente son las declaraciones de Jáuregui, pocos días antes de la llegada del Papa, en las que le advierte que debe ser moderado: "Es muy libre de poder decir lo que quiera, pero yo creo que el marco de relaciones que se ha establecido por parte de la Iglesia Católica Española y de la Conferencia Episcopal con el Gobierno en este evento no haría nada aconsejable ni sería nada oportuno que el Papa tuviera que decir algo sobre España ".
¿Cuál es ese marco de relaciones con la Conferencia Episcopal?
No he podido encontrar ninguna declaración oficial o condena a las declaraciones de Jáuregui por parte de la Iglesia Católica, los únicos que han salido en defensa del Papa han sido los políticos del PP.
El pasado viernes 12 Jáuregui se reunía con el nuncio del Papa en España y la reforma de la Ley de Libertad Religiosa tendrá que esperar un decenio más, ya que el PP, mayoritariamente católico y más que probable candidato a gobernar España, no quitará ni uno de los privilegios de la Iglesia Católica.
Ante esto quedan dos opciones, sentarse y esperar o levantarse y quejarse. ¿Qué harán las confesiones y religiones minoritarias?
Autores: Mario Escobar Golderos
©Protestante Digital 2011
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